El Pleno aprueba una moción que solicita una regulación clara, homogénea y respetuosa con la autonomía municipal, que permita a los ayuntamientos diseñar y aplicar modelos de financiación adaptados a sus realidades.

Asimismo, pide que la Ley tenga en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos, un principio clave en la equidad tributaria.

El Pleno del Ayuntamiento de Arona, con los votos a favor de todos los grupos con representación municipal, ha aprobado una moción institucional con carácter de urgencia sobre la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular. En particular, la obligación de establecer una tasa específica para cubrir el coste íntegro de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos presenta ciertos retos para los municipios. La medida impuesta por el Gobierno de España sin tener en cuenta la voz de los ayuntamientos ni de la ciudadanía va a suponer que la tasa de basura se duplicará para los vecinos a partir del 1 de enero de 2025.

Aunque esta medida, aseguran desde el Estado, busca asegurar una financiación sostenible de estos servicios, la Ley no proporciona una regulación clara ni homogénea sobre los elementos esenciales de esta tasa, como su cálculo o los informes económicos necesarios. Esto deja a los ayuntamientos con la difícil tarea de definir y justificar todos los aspectos relacionados con el coste del servicio, lo que puede generar disparidades en la aplicación de la normativa y una notable inseguridad jurídica.

Entre otros puntos, la Ley no establece medidas suficientes que tengan en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos, un principio clave en la equidad tributaria. Esto podría derivar en situaciones donde la aplicación de la tasa, en Iugar de incentivar la corresponsabilidad y el compromiso ciudadano con la economía circular, sea percibida como una carga adicional que dificulta su aceptación.

Es por ello que el Pleno del Ayuntamiento de Arona insta al Gobierno de España a revisar y reformar la Ley 7/2022, garantizando una regulación clara, homogénea y respetuosa con la autonomía municipal, que permita a los ayuntamientos diseñar y aplicar modelos de financiación adaptados a sus realidades locales. Además, promover un estudio de impacto en forma de análisis detallado de los costes y efectos que supone la aplicación de esta Ley, incluyendo las implicaciones sociales, económicas y medioambientales.

El consistorio aronero insta al Estado a que de manera prioritaria y urgente impulse la reforma de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, creando una regulación mucho más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada Entidad Local, y que, respetando la autonomía local, garantice la consecución de los objetivos de la Directiva Europea.

Arona también reclama apoyo para la inversión en infraestructuras por medio de la creación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular que apoye a los municipios en la implementación de sistemas de reciclaje, tratamiento y gestión de residuos, sin cargar íntegramente los costes a los ciudadanos.

De la misma manera, se solicita al Gobierno la financiación de campañas de sensibilización y educación dirigidas a fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la separación de residuos, el reciclaje y la reducción de desperdicios.

Asimismo, instar al Gobierno de Canarias y a los fondos recaudados en la Isla de Tenerife desde el 1 de enero de 2023 en concepto del impuesto de vertidos que establece la Ley 7/2022 para que se revierta el dinero que tienen los Cabildos en los municipios con el objeto de realizar las inversiones a nivel municipal e insular que es lo que la Ley determina y ya se está recaudando con los presupuestos vigentes y no se ha concretado cantidades para los municipios.

Finalmente, el Pleno acordó trasladar este acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Ministerio de Hacienda, a las asociaciones de municipios y provincias, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado.